En el marco del lanzamiento del libro «Trampas de la Memoria» de Ricardo Brodsky a realizarse en el Centro GAM, presentamos el primer capítulo donde el autor hace una reflexión sobre los desarrollos trasnacionales que condujeron al golpe militar en Argentina y la posición de los proyectos de museo al contexto político.
Del prólogo de Andreas Huyssen.
(…) Me sorprende que las reflexiones de Brodsky parecieran contener una contradicción performativa entre la primera parte del libro sobre la historia reciente de Argentina, Perú y Chile, y la segunda parte sobre el proyecto del museo en Santiago. Es como si quisiera compensar la ausencia de una historia más amplia en las exhibiciones del museo exponiendo las situaciones históricas que lenta pero seguramente condujeron a la violencia estatal y al terror militar de estos tres países.
Es significativo que, en lugar de defender la pureza y la inocencia de todas las víctimas, plantea la compleja cuestión de la responsabilidad por la cultura de violencia compartida por la izquierda militante, especialmente en relación con los Montoneros en Argentina y Sedero Luminosos en Perú.
La propia posición política de Brodsky sobre los desarrollos trasnacionales que condujeron a la dictadura, el terrorismo de Estado y la violencia política en Argentina, Perú y Chile se hace suficientemente clara en la primera parte del libro.
Es una posición moderada y sabia – moderada en la medida en que defiende el proyecto del museo contra posibles ataques políticos; sabia en que reconoce, con Immanuel Kant, que nada recto se ha hecho nunca de «la madera torcida de la humanidad». Este libro se erige como un emocionante y lúcido posdata a la dirección del museo por parte de Ricardo Brodsky en años cruciales.
Del capítulo 1 Argentina: Relatos en pugna
La historia Argentina de la segunda mitad del siglo XX bien puede leerse como la narración de la violencia política, y muy especialmente desde el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955. Desde ese momento y hasta la frustrada incursión en las Islas Malvinas, las Fuerzas Armadas se convirtieron en el principal actor político (el partido militar) del país.
Casi 50 años marcados por la forzada y frustrada exclusión del peronismo en donde consecutivamente se instalaron gobiernos encabezados por militares o radicales – Pedro Aramburu (1955 – 1958), Arturo Frondizi (1958 – 1962), Arturo Illia (1963 – 1966), Juan Carlos Ongandía (1966 – 1970), Alejandro Lanusse (1971 – 1973), los principales-, todo ello en el marco de la proscripción del peronismo y la toma del poder directo o la vigilancia militar.
Desde principios de los años sesenta, las Fuerzas Armadas argentinas comienzan a hacer suyas las ideas de la Escuela Militar Francesa, que se habían aplicado en Indochina y Argelia en el marco de la lucha contra los movimientos de liberación nacional, y que incluían las prácticas de la tortura y la desaparición forzada de personas.
Por otra parte, la Doctrina de la Seguridad Nacional promovida desde Washington tras el triunfo de la revolución cubana, da un impulso definitivo a la opción encarnada por el general Ongandía de declarar la guerra al enemigo interno, el «marxismo» y el peronismo radical, este último fortalecido tras los gobiernos de Frondizi e Illia especialmente desde su fuerte presencia y el liderazgo de Augusto Vendor.
Por otra parte, una lectura simplista de la revolución cubana y especialmente las teorías foquistas de Ernesto Guevara empiezan a influir en la izquierda argentina en donde nuevas generaciones de militantes se radicalizan y deciden, en una crítica a la izquierda tradicional y sus prácticas parlamentarias, que ha llegado la hora de «hacer revolución».
Perón, por su parte, alienta la formación de grupos armados para la «resistencia peronista» y, según Marcelo Larraquy, «para contrarrestar el poder de Vandor y reforzar su propia representación en el ámbito sindical, Perón avaló las agrupaciones «combativas» que se oponían a la política de conciliación y diálogo con los explotadores del vandorismo.
En este escenario empiezan a realizarse diversas acciones de sabotaje y propaganda armada por parte de grupos de distinta inspiración y procedencia. Uno de los primeros fue el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), concebido por el propio Guevara para instalarse en la norteña provincia de Salta en el marco de una estrategia de subversión continental.
Su actividad guerrillera no prosperó: fue aniquilada en 1964 sin alcanzar a mucho más que explorar el territorio y ejecutar polémicas decisiones sobre las que volveremos más adelante. En Tucumán, por otra parte, se instalaron las Fuerzas Armadas Peronistas (EGP), pero tampoco alcanzaron a desarrollarse.
Bajo la dirección de Roberto Santucho se creo en torno a 1968 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que llegaría a convertirse en uno de los dos principales actores armados en la década siguiente. De origen Trotskista, el ERP asumió la estrategia de la «guerra Popular prolongada» que exigía la formación de un ejército paralelo y la radicalización del conflicto con el «estado burgués».
Consecuentemente con ello, lejos de comprometerse con el proceso de democratización iniciado en 1973 con la elección del peronista Héctor Cámpora y el retorno del general Perón, el ERP protagonizó una escalada de acciones armadas de carácter urbano que causó centenares de víctimas propias y del enemigo, e instaló en 1974 un nuevo foco guerrillero en la provincia de Tucumán. Sus acciones destacaban por su audacia, siendo las principales el ataque a cuarteles policiales o militares.
Su brazo político, el partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, a propósito del Golpe de Estado de 1976, que puso fin al caótico gobierno de Isabel Martínez de Perón, declaraba sin ocultar su entusiasmo que «el paso dado por los militares clausurara definitivamente toda posibilidad electoral y democrática y da comienzo a un proceso de guerra civil abierta que significa un salto cualitativo en el desarrollo de nuestra lucha revolucionaria».
Dominado por discursos y prácticas sumamente voluntaristas, el ERP sería destruido y a sus militantes muertos o desaparecidos les llegaría muy tarde la débil autocrítica de Santucho que afirmaba poco antes de su muerte en 1976 que «nos equivocamos en la política, y en subestimar la capacidad de las Fuerzas Armadas al momento del golpe».
Montoneros fue el principal grupo armado de los años setenta. Fundado en 1970, se dio a conoce con el secuestro y ajusticiamiento del general Pedro Aramburu, en una acción tan llamativa como paradójica en su orientación. En efecto, el argumento para matarlo fue su responsabilidad en el fusilamiento de 27 militares y civiles peronistas que se alzaron en 1956, pero al mismo tiempo era notorio que por esos días Aramburu se movía políticamente buscando acercamientos con el peronismo más conservador.
En Montoneros se encontraban jóvenes peronistas de izquierda, cristianos progresistas y nacionalistas de origen falangista, todos unidos por su común fascinación por las armas y la acción directa. A diferencia del ERP, Montoneros se comprometió con Cámpora y el regreso de Perón en lo que Pilar Calveiro llama una mezcla de inocencia y soberbia.
Inocencia porque no se imaginaron que Perón les daría vuelta la espalda para priorizar su apuesta por la institucionalización de Argentina a través de un pacto social y soberbia porque, al igual que el ERP, desafiarían al Estado contra todo diagnóstico realista de la situación del país y de la opinión pública.
Al regreso de Perón, la masacre de Ezeiza, donde se dispara desde el escenario contra la izquierda peronista con un saldo indeterminado de víctimas, quiebra la convivencia de los diferentes grupos en torno al líder,. Dos días después de la victoria electoral de Perón, Montoneros asesina a su principal aliado, el secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), José Rucci.
La confrontación se instala en forma abierta. Desde la Casa Rosada el ministro de Bienestar Social y confidente de Estela Martínez de Perón, Joisé López Rega, dirige la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), la que comienza una escalada de asesinatos selectivos y de iosntalación del terror en las ciudades, fenómeno que adquiriría dimensiones dantescas tras la muerte de Perón.
Según Calveiro, «la AAA fue el embrión de lo que poco después sería el terrorismo de Estado y la comunidad represiva del plan Cóndor». Montoneros, durante el breve período de Cámpora y Perón desarrolló una fuerte influencia entre la juventud universitaria y sus acciones armadas, cada vez más espectaculares desde un punto de vista operativo, contaron con cierta simpatía de sectores de la población.
Entre estas, había asesinatos selectivos, secuestros y asaltos a recintos policiales y militares. Al igual que el ERP saludó el golpe de Estado como un éxito de su política. Para ellos, que tenían una fe ciega en el triunfo inexorable de su «ejército montonero», el golpe era provocado por sus avances frente a los cuales el enemigo no tenía más opción que desenmascararse. Su discurso, ciertamente ajeno al sentido común pero propio del momento, durante la dictadura llegó al paroxismo cuando, estando ya completamente destruidos y desesperados por encontrar un lugar, ofrecieron al dictador Leopoldo Galtieri «armas y hombres para combatir en las islas Malvinas», buscando probablemente vincularse con un sentimiento argentino fuertemente arraigado.
El golpe de Estado, como se sabe, instaló formalmente y con todo el poder del Estado Autoritario a las Fuerzas Armadas al frente de lo que se ha conocido como «la guerra sucia», que no es otra cosa que la implementación del terrorismo de Estado, con sus decenas de campos de concentración distribuidos a lo largo y ancho del país, práctica sistemática de tortura forzada de miles de militantes y miembros de sus entornos familiares, y un país aislado y ensimismado por el horror y la culpa.
Entre los datos relativos al período del «proceso», destacan que más del 60% de las víctimas de desaparición forzadas eran menores de 30 años, que la tortura más feroz era la norma para el trato de los prisioneros, la que podía practicarse en el mismo domicilio de las víctimas, donde además se ejecutaba sistemáticamente por parte de una segunda «patota» el saqueo de los bienes de las personas detenidas; que no fueron sólo militantes sino familias enteras las asesinadas y hechas desaparecer, como en los casos de Tarnopolosky – a quienes conocí muy de cerca -, Rondoloetto y Coldman; que el rapto y apropiación de niños, nacidos en cautiverio o no, fue una práctica habitual.
De hecho, según testimonios en la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA había una precaria maternidad en donde médicos atendían los partos en duras condiciones y entregaban a los bebés a un listado de funcionarios militares previamente establecido.
Que hubo una dimensión antisemita en la represión como lo manifestaron testimonios y la presencia de suásticas y torturas especialmente crudas contra detenidos de origen judía en centros clandestinos de detención como La Perla, el Olimpo o el Pozo de Quilmes. Que el sistema represivo se extendió por todo el país a través de una red de centros clandestinos de detención o recintos militares – especialmente el almirante Emilio Massera – pusieron en marcha delirantes proyectos utilizando a los detenidos y detenidas como mano de obra esclava, como por ejemplo en la llamada pecera de ESMA.
Tras el fracaso en la incursión en las Islas Malvinas terminó la dictadura. Días después de asumir el mando de la Nación hacia fines de 1983, Raúl Alfonsín (1983 – 1989) dictó dos decretos supremos que dispusieron, por una parte, el juzgamiento de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país desde 1976, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa), por los delitos de homicidio, privación de libertad y torturas, y por otra, la creación de una comisión investigadora, la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas (Conadep)
A través de la creación de la Consufa, el gobierno le brindó la oportunidad a las Fuerzas Armadas de realizar su propia depuración. Pero ante la inoperancia de la instancia, en abril de 1985, la Cámara Federal de lo Criminal de la Capital Federal se hizo cargo del proceso contra las máximas autoridades de la dictadura.
El tribunal consideró demostrada la existencia de un plan deliberado y sistemático para realizar una política de represión encubierta y que esa política se convirtió en el arma principal del régimen en su campaña de «eliminar a la subversión».
Se condenó, en un juicio histórico y que marcó el carácter de la transición argentina, a cinco de los comandantes de las juntas militares por delitos de homicidios, privaciones ilegítimas de libertad y tormentos. Junto con eso, el líder del movimiento Montoneros, Mario Firmenich, fue detenido en Brasil para ser extraditado a la Argentina en donde enfrentó juicios por asesinato, secuetro e instigación al crimen. Fue condenado a 30 años de presidio, para luego, en 1990, ser indultado junto a otros dirigentes Montoneros y más de 200 militares y civiles autores de crímenes, por parte del presidente Carlos Menem (19898 – 1999)
Descargar presentación realizada el 17 de julio por Rubén Chababo, Cristián Mallol y Nelly Richard.
