Charla “Covid-19 y políticas de protección social en América Latina y Chile”

Especialistas identifican obstáculos que enfrentan medidas de protección social en América Latina y Chile en el contexto del Covid-19

 

               •  Registros sociales desactualizados, baja identificación de trabajadores informales, mínima bancarización y una comunicación a cuenta gotas, son algunos de los problemas que aquejan a la protección social en América Latina frente a la pandemia.
               •  Las especialistas Verónica Silva y Heidi Berner plantearon que nuestro país necesita asegurar un piso mínimo de protección a los hogares para evitar su caída a una situación de pobreza.

 

Esta semana tuvo lugar la segunda charla de ciclo “Transformación social en tiempos del Covid-19” organizada por Flacso-Chile, que estuvo dedicada a la situación de la protección social en Chile y Latinoamérica en medio de la emergencia sanitaria que las afecta a todo el planeta.

A partir de las presentaciones realizadas por Verónica Silva, especialista senior de la Práctica Global de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial y, Heidi Berner, ex Subsecretaria de Evaluación Social entre 2014 y 2018, los asistentes pudieron conocer los obstáculos que enfrenta la región y Chile, respecto de la aplicación de medidas de protección social en el contexto actual.

En este sentido, las expositoras explicaron que las principales preocupaciones para el logro de medidas de protección efectivas son la falta de registros sociales actualizados en la mayoría de los países de la región; las dificultades para identificar a los trabajadores informales, que representan un alto porcentaje de la población activa y un bajo nivel de bancarización, que dificulta realizar transferencias financieras. Junto con ello, se observa un importante impacto producto de la incertidumbre que genera en la población una comunicación parcelada sobre medidas sociales que se van implementando.

Según explicó Verónica Silva, estos obstáculos forman parte de la importante distancia que existe entre el diseño de las medidas y su implementación. “Buena parte de los problemas de implementación tienen que ver con las herramientas que los países tienen desarrolladas o más consolidadas para poder concretar la entrega de los beneficios que se anuncian”, indicó.

Por ello, subrayó que “las medidas de protección social no pueden descansar exclusivamente en las manos de los ministerios de hacienda” y agregó que “las políticas públicas y, en particular las sociales, tienen una cantidad de elementos que van más allá de lo que se ve. Una política social que no tome en cuenta como se relacionan las personas con el Estado, cuál es su forma de acceder o no acceder, de creer o no creer, será más difícil de aplicar. Si no se toman en cuenta esos elementos, las posibilidades de equivocarse son muy altas, porque la relación de las personas con el Estado es una dinámica, no es una acción puntual”.

Durante el encuentro se planteó que las principales políticas de protección social en la región se enfocan a las transferencias monetarias y las facilidades de pagos de servicios, así como la distribución de alimentos. Asimismo, se discutieron las diversas opciones de política pública que están tomando diferentes países latinoamericanos.

En materia de seguridad social, en varios países están comenzando a operar los seguros de desempleo; la exención del pago de contribuciones y el apoyo a pensiones contributivas. A nivel del mercado laboral, el principal instrumento se enmarca en los subsidios salariales que, en la mayoría de los países, cubren menos del 50% del salario.

También se están ensayando medidas de apoyo a trabajadores informales (no registrados) vía asistencia social y la regulación al mercado laboral focalizándose en sectores específicos como turismo y manufactura.

En Chile se implementó el Bono de Apoyo a los Ingresos Familiares; se aprobó una Ley de Protección del Empleo, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales y se está discutiendo un proyecto de Ley de Ingreso Familiar de Emergencia. De la misma manera, se inicia la discusión por el Seguro de Protección de Ingresos de los Trabajadores Independientes.

En este contexto la ex Subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner, indicó: “lo que más me preocupa de las medidas del gobierno es que un hogar de iguales características, es decir, que tenga el mismo tamaño, el mismo nivel de ingresos e iguales condiciones de vulnerabilidad, con el proyecto actual del ingreso de emergencia para las familias, puede estar recibiendo un apoyo distinto solo por el hecho que previo a la pandemia tenía ingresos formales como independiente en vez de ingresos informales”.

En este sentido, recalcó que “el Estado debería garantizar un piso mínimo de protección a todos los hogares de Chile, donde independiente de la condición laboral previa al Covid-19”.

Si bien las expositoras valoraron estas medidas, remarcaron la necesidad de adecuar la complementariedad entre diversos beneficios ya que, en algunos casos, se hace incompatible optar a más de un beneficio o una parte de la población accede a montos menores a pesar de pertenecer a hogares de similares características.

 

Para tener en cuenta
               •  Según explicó Verónica Silva, casi 2 billones de personas han visto afectada la generación de sus ingresos, principalmente trabajadores por cuenta propia y los informales, pero también los trabajadores formales por medidas relacionadas con la reducción o suspensión de salarios en la lógica de la protección del empleo.
               •  Los países de América Latina que tienen casi el 70% de su población económicamente activa en informalidad son los que se han visto mayormente afectados por esta situación.
               •  159 países han introducido medidas de protección social desde marzo.

 

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