Por Eduardo Menz Queirolo
Investigador del Programa de Políticas Públicas de Flacso-Chile, con especialización en el Área Económica y de Gestión Pública
La pandemia del COVID-19, ha generado enormes consecuencias mundiales a nivel sanitario, social y económico. Los efectos han repercutido en un estancamiento severo de la actividad económica de diversos países, debido, entre otros aspectos, a la suspensión o detrimento de las cadenas de suministro de los productos, la disminución en la producción de las principales economías, el deterioro en los precios de las materias primas; todo derivado, principalmente, de las medidas de confinamiento y restricciones de desplazamiento. Lo anterior ocasiona el peor desplome bursátil en más de tres décadas, y una fuerte devaluación de las monedas en América Latina frente al dólar.
La crisis significaría además una caída aproximada del 3% en el Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) entregadas en el mes de marzo pasado, dejando un tercio del empleo mundial destruido, una fuerte caída en los precios de materias primas como el oro, cobre y el petróleo, y una marcada disminución en las cifras del comercio internacional. El organismo definió en aquel mes, que “la pandemia por el nuevo coronavirus llevó a la economía mundial a una recesión y serán necesarios fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo”[1]. Lo anterior significará un gran impacto económico y social para las naciones emergentes, las cuales no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a las crecientes demandas y prestaciones que esta crisis ha generado, requiriendo de una ayuda internacional coordinada desde los organismos financieros internacionales, otras instituciones y acreedores bilaterales.
El Banco Mundial (BM) establece que la pandemia está generando la recesión mundial más profunda de los últimos decenios, provocando un gran shock de oferta, que ha llevado a una caída abrupta de los Productos de la mayoría de las economías, entre ellas las de China y Estados Unidos, históricos socios comerciales de los comodities exportados por Latinoamérica. En el primer trimestre del año en curso, el Producto de China, cayó en un 6,8%, lo cual fue determinado por la disminución en el gasto de los consumidores, en sus exportaciones y en la inversión en activos fijos, dado el cierre de muchas regiones del país asiático. El FMI predice que la economía de China crecerá un 1,2% en 2020, presentando hacia el próximo año una recuperación más rápida que las demás economías occidentales.
En el caso de Estados Unidos, su contracción golpeará severamente a países de la región, especialmente a México y Centroamérica a través de la disminución de importaciones. Además, el país norteamericano ha disminuido severamente sus exportaciones, deteriorado su mercado laboral, y aumentado a niveles históricos sus cifras de desempleo hacia el 20%, la más alta desde la crisis de 1930, cuando esta alcanzó el 25%.
En América Latina y el Caribe la crisis sanitaria se presentó en un contexto de debilidad económica acarreado desde el año 2013. Muchos países mostraban caídas en sus PIB, y deterioro de otros índices macroeconómicos, tales como el crecimiento de la inversión y la situación del empleo. En el mes de abril, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó que la pandemia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica que la región haya sufrido desde 1914 y 1930. Según las últimas estimaciones de CEPAL, “se prevé una contracción regional promedio de -5,3% para el año 2020, en un contexto, de continuos 7 años de disminución de bajo crecimiento económico”[2].
El COVID-19 ha significado una acelerada reducción del comercio internacional, de la inversión, de los servicios turísticos, del precio de las materias primas, situación agravada en América del Sur y México, el empeoramiento en general de las condiciones financieras, y un aumento muy importante en las cifras de desempleo, pobreza y desigualdad, de acuerdo a lo planteado por el organismo regional. Estos elementos ocurren además en un contexto de alta vulnerabilidad en la cual vive una parte importante de la población, marcada por líneas de pobreza poco definidas, un gran número de trabajadores que se encuentran en economía informal, personas en situación migratoria irregular, problemas de registro de la información social para la asignación de beneficios, y deficiencias en los sistemas de protección, evidenciados en la carencia en la cobertura de seguros de salud, en prestaciones de sustitución de ingresos y en prestaciones de desempleo.
Estos acontecimientos requieren un actuar rápido, para evitar el paso desde una recesión a una depresión económica mayor, y a una profundización de la crisis en los países más pobres. Las dificultades sanitarias y económicas no sólo han evidenciado crudamente las desigualdades históricas existentes, sino que también han mostrado más claramente otras desigualdades relacionadas con el acceso a la tecnología de la información y comunicación, posibilidades reales de aislamiento, y de acceso a la teleconomía, entre otros elementos. Lo anterior, ocurre además, en un contexto de países que presentan espacios fiscales acotados debido a sus niveles de déficits fiscales y deuda pública previos, los cuales se han acrecentado a medida que la actividad económica se ha detenido. La situación se agrava por la fuga de capitales y la disminución de las inversiones, en un contexto de mayor riesgo e inestabilidad.
A nivel nacional, el Banco Mundial, en su Informe del mes de abril, evidencia un drástico deterioro económico en Chile. La actividad económica se contraería hasta un 3,3% en el presente año, acompañado de una disminución significativa de los flujos de comercio, del precio de las materias primas, en especial el precio del cobre, expresándose en un aumento en las cifras de desempleo y pobreza, entre muchos otros efectos económicos y sociales. Por dar solo un antecedente, en términos económicos, la caída de la producción industrial en China de 13,5% en los primeros dos meses del año por el Coronavirus, ha causado que el precio de cobre haya retrocedido en 20% en lo que va de 2020, impactando fuertemente los ingresos de la minería en el país.
Por otra parte, según estimaciones del Banco Central (BC), la caída en el Producto en el país en el presente año sería de entre 1,5 a 2,5%, observándose a la fecha un impacto negativo en la mayoría de los sectores económicos, una recalendarización de proyectos de inversión para el próximo año y una fuerte disminución en las importaciones de bienes de capital, todo lo cual ha generado una disminución importante en los niveles de inversión. Se estima que las cifras de desempleo en el país se elevarán sobre el 10% en el corto plazo, lo cual va en la línea de lo planteado por la Organización Internacional del Trabajo, en torno a que la pandemia significará la pérdida de 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en el globo.
A nivel regional, estas situaciones han llevado a que los Estados adopten una serie de medidas que permitan, en algún grado, aminorar los efectos de esta gran crisis. Las medidas están orientadas a implementar políticas fiscales y monetarias de corte expansivas para generar programas de apoyo a sectores vulnerables, capas medias, pequeñas y medianas empresas. Apuntan a limitar el impacto negativo en la situación de hogares, empresas e instituciones financieras y a apoyar la recuperación hacia el segundo semestre del año. Frente a ello, se hace necesario acciones de los Bancos Centrales e implementación de programas fiscales de apoyo de recursos a la población más afectada. Respecto de esto último, está la necesidad de financiar medidas urgentes y significativas de protección social, que combinen beneficios universales y selectivos, en una lógica de trayectorias de apoyo, y flexibles para responder con eficacia en contexto de crisis. Lo anterior supone un gran desafío de compatibilización entre estas medidas con las holguras fiscales, la eficiencia en la asignación de los recursos y la oportunidad del gasto.
Si bien ciertos países, especialmente asiáticos, han logrado estabilizar moderadamente sus cifras económicas, la incertidumbre económica mundial es aún muy alta. Los impactos en la región pueden aminorarse o agravarse dependiendo de la evolución de la pandemia y de la robustez de los sistemas económicos y de protección social que los países han desarrollados. La caída en la producción y destrucción de empleos, requerirá del desarrollo de políticas de reactivación significativas para proteger y crear empleos: aumento de las líneas de liquidez y mantención del recorte de la Tasa de Política Monetaria durante un importante periodo, contribuyendo a que el estímulo monetario se traspase en forma más expedita a las distintas tasas de mercado que determinan el costo de financiamiento de hogares y empresas; refinanciamiento de largo plazo para proveer liquidez inmediata a bancos y mercados monetarios; y, la generación de programas de compras de activos, compra de bonos bancarios y medidas de apoyo al flujo de crédito entre otras medidas.
De ser controlada la pandemia, la economía mundial comenzaría a mostrar repuntes hacia el tercer trimestre de este año, lo cual llevaría a que la política económica de los países evolucione desde medidas paliativas hacia medidas reactivadoras, especialmente en materia de creación de empleo y fomento de la inversión.
Esta pandemia nos enfrenta también a nuevas discusiones mirando el futuro, entre estas: capacidades y competencias de los sistemas de salud, eficacia y flexibilidad de los sistemas de protección social, equidad territorial, conectividad y teleconomía, relaciones público-privada, seguridad y eficacia de las cadenas de producción, protección de sectores estratégicos y la globalización y sus instituciones. Lo anterior, elementos que deberían ser considerados en un gran debate en el mediano plazo.
Mayo, 2020
[1] Georgieva, Kristalina, Directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Marzo 2020.
[2] CEPAL: Informe especial COVID-19 N⁰ 2, “Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación”, Abril 2020.
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